Ay con esta anomia que nos está matando!

Por Javier Loaiza, Clínica Santafé, Bogotá. Nov 2 de 2017

Colombia está pasando por una situación bastante parecida a la de Venezuela y otros países de Suramérica en los primeros años de este movido siglo. Allí se abrió el camino para la aparición de outsiders, personajes salidos aparentemente de la nada que acusaban por parejo a partidos, políticos, gobiernos, empresarios, de ser los causantes de los problemas del país lo que les permitió presentarse como los salvadores de los recursos y la sociedad, e incluso, como una especie de vengadores en favor del pueblo. Y con discursos de esa naturaleza, en breve tiempo, recogieron el favor del electorado, se hicieron al poder, cambiaron las constituciones a su acomodo, y trataron de eternizarse y cambiar todo.

Las condiciones que sirvieron de caldo de cultivo a estos personajes, quienes no pretendían un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema, a pesar que juraron respetar la democracia,las libertades y la propiedad, están explicadas por lo que los sociologos Durkheim y Merton desarrollaron bajo el concepto de anomia.

La anomia es una ausencia de ley, es la falta de un Estado de Derecho real, en el que se supone que nadie está por encima de la ley. Puede haber y, de hecho hay instituciones que no funcionan para lo que deberían funcionar. Es como una hilera de panales de abejas sin abejas. Una serie de normas e instituciones sin contenido, un galimatías de formalidades y apariencias que al final, nada de nada.

Los sociólogos explican que en caso de anomia, los grupos dominantes y en el poder no proveen las herramientas ni recursos para cumplir las aspiraciones políticas y sociales que tienen los ciudadanos. Hay un completo desvío del poder en beneficio de los poderosos con desprecio de las necesidades de la gente. Entonces ven que la salida ante estos “desvíos” son el delito, e incluso la subversión. La cultura debería ser una vacuna contra esta situación, en último término, pero cuando la cultura como la colombiana, sustentada en la impunidad, se basa en la ley del vivo, el aprovechar “el papayaso”, hemos llegado al “si no lo hago yo otro la hará” y aterrizamos en el todo vale, por lo que se arman carteles y combos para apoderarse, como cotos de caza, del erario público y defenderlos incluso de manera criminal en un estilo auténticamente mafioso.

Si se hace una revisión de las instituciones colombianas vemos que, de lejos, esa descripción se repite en nuestro país. La justicia no provee seguridad sino impunidad; el sistema de salud no brinda bienestar sino miseria; la política no sirve para representar los intereses de los sectores de la sociedad, sino los intereses de políticos profesionales y grupos corporativos; la educación no forma en valores para la convivencia, el trabajo y el progreso, sino que son un auténtico negocio para los dueños de los centros de formación. El gobierno no sirve para gobernar, brindar seguridad y promover el bienestar y el interés común, sino que es como una bóveda de banco alimentada por desbordantes impuestos y deuda externa, de la cual robar y abusar para que se enriquezcan quienes están en el poder.

Los ciudadanos han terminado por no creer en las instituciones clave del Estado moderno, del Estado de Derecho y de la Democracia Representativa. Veamos. Montesquieu hablaba de tres poderes del Estado: legislativo que debía expedir la reglas de juego de la sociedad, el ejecutivo que debía estimular la aplicación y administrar los recursos y, el judicial, encargado de sancionar a quienes violaran esas normas. Bien pronto se vió que no eran tres poderes sino tres ramas del poder público y que, al final, terminaban siendo uno solo, por lo que se introdujo el concepto de separación, independencia y autonomía de las ramas y un sistema de pesos y contrapesos sobre la hipótesis de que el poder controlaba al poder.

En estos regímenes presidencialistas y centralistas, todo el poder termina centrado en un individuo, el presidente, mientras las otras ramas son apenas maquillaje y palabrería, que de vez en cuando producen uno que otro alarido para dar la sensación de existir y tener vida propia, pero que luego colusionan en el reparto corrupto y mafioso del poder.

En esas circunstancias, desde hace varios años va en aumento creciente descrédito de la clase política en general y el congreso en particular, de tal modo que aparece entre las últimas en cada medición sobre aceptación y confianza. El gobierno, en cabeza del ejecutivo, y en especial el presidente, cada día pierde más y más aceptación y credibilidad, al punto que hemos llegado, quizá como nunca, a ver expresiones de desprecio e insultos directos al presidente de la República por todas partes y por todos los medios. Buena parte de la gente lo asocia más que como un líder, como si fuera el jefe de una banda criminal, repartidor de beneficios y canonjías a sus amigos, situación que no sólo aplica al actual, sino también a algunos de los últimos presidentes.

Y, ahora, en la justicia, los recientes escándalos del llamado “cartel de la toga”, pusieron en evidencia redes de corrupción dedicadas a la venta de investigaciones y fallos por parte de magistrados de altas cortes. Esa situación se suma a la puerta batiente de intercambio de favores por votos en altas cortes y órganos de control para nombrar amigos y familiares, sumado a la ya reconocida impunidad de cerca del 99% y, un dato no menor, que apenas 2 de cada 10 colombianos cree en la justicia colombiana.

Peor aún, las dos instituciones clave de la democracia representativa, las elecciones y los partidos, también están mal paradas ante la opinión pública. El voto que es quizá el único logro que en la historia de la humanidad los ciudadanos hemos tenido para, de alguna manera, intervenir en la escogencia de nuestros gobernantes, se encuentra en crisis. El código electoral expedido antes de la Constitución del 91 no ha sido posible armonizarlo a la Carta Política expedida ya hace más de 25 años, para racionalizar la representación de conglomerados y regiones y, por el contrario, se ha convertido en un sistema electoral perverso en el cual sólo el dinero determina quién es elegido, como lo describo ampliamente en mi libro “La farsa electoral”.

Desde hace más de 40 años hizo carrera la expresión “el que escruta elige”, que expresa las dudas que los ciudadanos tienen frente a los comicios. Lo normal es que abstención raye en el 60%. Ahora, las recientes denuncias muestran que la campaña de reelección de Santos fue fraudulenta y financiada con recursos de la corrupción nacional e intenacional. A ello se agrega que la voluntad popular expresada en el plebiscito convocado para validar el acuerdo Santos-Farc, en que a pesar de que ganó el NO, el gobierno luego de un maquillaje que le hicieron, siguió adelante, echando por la borda la determinación popular con el argumento de que la diferencia fue apenas por “photo finish”.

A esa falla de la democracia representativa se suma el descrédito e incluso el desprecio por los partidos. Los ciudadanos los asocian con cuevas de ladrones, no sólo expertas en hacer elegir a los mismos, sino en clubes donde se planea y determina la forma de robarse los recursos del Estado, que no son del Estado, sino de todos nosotros. La situación ha llegado a tal punto, que buena parte de los candidatos presidenciales actuales no quieren los avales partidarios para inscribirse como aspirantes a la jefatura de gobierno, sino que están recurriendo a la recolección de firmas. Buena parte de los políticos, operadores convencionales de los partidos, no confían en ellos.

Y, ni se diga del fundamento del llamado Estado de Derecho, la ley y el constitucionalismo no gozan de credibilidad por parte de los ciudadanos. Desde hace más de medio siglo se generalizó la idea resumida en la expresión “la ley es pa´ los de ruana”. Hoy, con la impunidad y la inoperatividad casi absoluta del Estado, sin que haya “los de ruana”, la ley no existe. Mucho menos el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley, incluso de la Constitución, que se supone es la norma de normas y que representa la majestad del poder constituyente de un Estado y de una sociedad. Luego del Acuerdo del presidente Santos con las Farc y de los intentos persistentes de integrar al bloque de constitucionalidad un acuerdo entre el jefe una de las ramas del poder público y unos particulares, criminales y con enormes prontuarios, se pone en evidencia la manera como se somete la Constitución al antojo del gobernante de turno. Es de tal magnitud que un expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, ha insistido en reclamar que alguna autoridad nos explique cual es la Constitución que nos rige.

En resumen, no tenemos un Estado moderno, ni un Estado de Derecho, ni mucho menos Democracia Representativa, sino apenas una serie de avisos como en una cuadra comercial en la que cada negocio se anuncia como mejor que los demás, pero en la que todos están de acuerdo en manejar calidades a medias y precios más allá de lo razonable para su propio beneficio. Lo que tenemos como Estado, es apenas una especie de “chasis”, aparente, de ninguna manera funcional y, sí, manoseado en beneficio del gobernante y un círculo de “aforados” que gozan de privilegios e impunidades y que, más bien, son una suerte de desaforados vampiros que escurren las venas del erario público.

Ese armazón inútil, corrupto, pesado, fiscalista y estorboso, sirve para mantener y alimentar un régimen hiperpresidencialista, centralista, signado por la más absoluta impunidad.

En esas condiciones, está llano el camino, expedito, para que cualquier aventurero armado de un discurso reivindicativo llame a los colombianos a votar en contra de todos, porque todos son corruptos, presentarse como el salvador, y con espíritu autocrático, como en el vecindario, tratar de imponernos sus sueños que podrían quedar convertidos en una pesadilla peor que la mala noche que pasamos.

Sólo esperar que con tan breve tiempo no nos resulte un autócrata salvador y que entre las múltiples opciones que hoy aparecen en materia de precandidaturas, se abra camino alguien con capacidad y decisión de liderar los cambios necesarios para resolver esta anomia que nos está matando.

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